A fines de la década de 1980 ocurrió la crisis del sistema de partidos, que se agravó al punto de devenir en el colapso de los “partidos tradicionales”. La primera alerta fue la elección de Ricardo Belmont como alcalde de Lima, en 1989. El triunfo del entonces desconocido Alberto Fujimori, en 1990, imponiéndose sobre el afamado Mario Vargas Llosa, confirmó la grave crisis de representación que afectaba a los partidos.

Belmont y Fujimori basaron sus campañas electorales en un discurso antipartidos. Una vez en ejercicio de la presidencia, Fujimori intensificó su prédica antipartidos, que sintonizaba con el ánimo mayoritario de peruanos respecto de los partidos que habían hegemonizado los espacios de poder durante la década de 1980, a quienes se responsabilizaba de la corrupción, hiperinflación y terrorismo que hacían dudar de la viabilidad misma del Perú como proyecto nacional.

Con el gobierno de Fujimori empezó el reinado de los “independientes”: caudillos que entraban a la arena electoral invocando la credencial de ser no políticos. Incluso quienes antes habían militado en partidos abandonaron sus militancias e intentaron reciclarse como “no políticos”. La era de la antipolítica había empezado. Y aún no ha terminado.

Desde entonces, el fujimorismo, como espacio político, se instaló en nuestro país. Para bien o para mal, la política peruana giró y gira en torno al fujimorismo y a su némesis: el antifujimorismo. El fujimorismo se negó deliberadamente a construir un partido político y solo creó vehículos electorales: Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino, Sí Cumple, Perú 2000, Alianza por el Futuro, Fuerza 2011 y Fuerza Popular.

Pero esa despolitización no solo fue del fujimorismo. Casi todos los nuevos partidos fueron fundamentalmente vehículos electorales con su respectivo dueño o caudillo. Y los viejos partidos que reaparecieron terminaron pareciéndose más a esos nuevos “partidos” sin ideología, sin doctrina, sin escuelas de formación política, sin cuadros tecnopolíticos, totalmente dependientes de un caudillo, o meros membretes electorales.

Tras su derrota electoral en 2011, Keiko Fujimori decidió convertir a Fuerza Popular en un partido con más proyecciones que el de una sola elección. El éxito de Fuerza Popular se hizo evidente en sus triunfos electorales a partir de 2016, especialmente en la cancha parlamentaria, lo que sin embargo no le alcanzó para lograr que su lideresa se haga con la banda presidencial.

Ello ocurrió porque Keiko fue enfrentada por el antifujimorismo, el movimiento político-ciudadano más fuerte del país. Este movimiento, diverso y variopinto, cuyo único punto en común es su repudio al fujimorismo, es tan fuerte que le impidió a Keiko —siempre finalista en las tres últimas elecciones presidenciales— ganar la presidencia, a pesar de las enormes falencias de sus contendores, lo que se hizo más evidente aún en 2021.

La antipolítica que nos trajo el fujimorismo como remedio al desprestigio de los partidos de los 80’, a la larga, fue peor que la enfermedad y devino en autoritarismo, corrupción perfeccionada, ejercicio del poder para el interés particular, destrucción de las instituciones republicanas; y nos ha llevado a la dramática situación que padecemos hoy.

Más allá de necesitar tal o cual reforma en las normas del sistema de gobierno, del sistema electoral o del sistema de partidos, lo que urge es volver a la política, a la construcción de algunos pocos pero verdaderos partidos que merezcan tal nombre, que representen genuinamente las expectativas e intereses de los diversos sectores de la sociedad y trabajen por el interés general, y no representen intereses particulares, corporativos o mafiosos.

Necesitamos, en suma, transitar de la antipolítica reinante —de raigambre fujimorista pero que ha atravesado todo el espectro político—, a la genuina política democrática, republicana e institucional.

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NOTA: El suplemento CONTRAPODER de hoy domingo 24 de julio, dedicado a la "desfujimorización" —por razones de espacio—, publicó una versión recortada de este artículo.