La nueva gestión del Ministerio de Educación (Minedu), a cargo de Daniel Alfaro, tiene diversos retos. El primero de ellos es retomar el rumbo general de la reforma educativa que, bajo la gestión de Idel Vexler, estaba siendo gravemente amenazada en algunos aspectos y, en otros, sufriendo ya un acelerado retroceso. En estas breves notas voy a concentrarme en los retos referidos a la educación superior universitaria. 

En las postrimerías del gobierno humalista, se inició una importante reforma, plasmada en la nueva ley universitaria, la misma que pudo ser aprobada tras vencer muchas resistencias, gracias en gran medida al empeño que le puso el entonces congresista Daniel Mora. El propósito central de la nueva ley apuntaba a elevar la calidad de la formación superior universitaria, muy venida a menos en las últimas décadas, como resultado de la “reforma” realizada en el decenio de 1990 por el gobierno autoritario de entonces.

La “reforma” universitaria de los noventa generó la explosiva proliferación de las universidades privadas con fines de lucro o universidades–empresa; abandonó a su suerte a la universidad pública, reduciendo su presupuesto a la mínima expresión; al mismo tiempo que desatendió y menospreció la importancia de la calidad educativa. El resultado fue el alarmante deterioro de la calidad de la educación superior.

De ahí que la nueva ley universitaria, en su propósito de revertir esa dramática situación, elevó los estándares para que las universidades puedan obtener su licenciamiento, a la par que creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), organismo público técnico especializado, adscrito al Minedu, como entidad responsable de otorgar el licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario; de verificar el cumplimiento por parte de las universidades de la condiciones básicas de calidad; y de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios legales otorgados a las universidades (como las exoneraciones tributarias) son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad.

La Sunedu reemplazó a la antigua Asamblea Nacional de Rectores (ANR), órgano que anteriormente se encargaba del licenciamiento de las universidades y de velar por su buen desempeño, con el grave inconveniente que en el ejercicio de sus funciones actuaba como una suerte de juez y parte, no siendo por tanto la institución más idónea para garantizar la calidad de la educación universitaria.

Desde el inicio de su funcionamiento, la Sunedu fue objeto de un intenso ataque por parte de sectores políticos vinculados a los poderosos intereses de las universidades–empresa, que en diversos momentos y por diversos medios trataron de traerse abajo a esa entidad y retomar el esquema de la antigua ANR.

Inicialmente, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pudo contener los embates contra la reforma universitaria, aunque al costo de sacrificar a dos ministros de educación: Jaime Saavedra y Marilú Martens. Sin embargo, el nombramiento de Idel Vexler como ministro de educación, en el tramo final de su gobierno, implicaba ya una claudicación. Vexler, en poco tiempo se constituyó en una grave amenaza, lo que se hizo evidente con el nombramiento de Flor Luna Victoria, una persona muy cercana a los intereses de la antigua ANR, como jefa de la Sunedu.

Como se sabe, Luna Victoria fue rápidamente destituida por haberse visto involucrada en varios casos de plagio académico, habiendo quedado el miembro del consejo directivo de la Sunedu Carlos Martín Benavides Abanto como encargado de la entidad.

En ese sentido, el primer gran reto del ministro Daniel Alfaro es designar a un superintendente de la Sunedu que asegure la continuidad de la reforma universitaria que, a fin de cuentas, es garantizar la calidad de la formación superior universitaria, evitando el licenciamiento como universidades de muchos de esos negocios que brindan una educación paupérrima y constituyen una auténtica estafa a los jóvenes.

Ciertamente, la Sunedu debería culminar en el más breve plazo el licenciamiento de las universidades que sí cumplen o sí tienen las condiciones de poder cumplir con los estándares de calidad exigidos por la nueva ley universitaria. En esa misma perspectiva, asumiendo que muchas de las “universidades–estafa” no podrán licenciarse, se deben diseñar y proponer alternativas para los estudiantes que se quedarán sin universidad.