Algunos de buena fe, pero otros con un evidente ánimo de pescar a río revuelto y llevar agua para su molino, calificaron al naciente ejercicio del mando presidencial de Martín Vizcarra, como un “gobierno de transición”. Renglón seguido, bajo la consigna “que se vayan todos”, propugnaron que el presidente, cuanto antes, convoque a nuevas elecciones, es decir, que se recorte el periodo constitucional de gobierno de cinco años. 

Un gobierno de transición es aquel que sucede a una dictadura o a algún otro tipo de régimen autoritario y es el que prepara el camino para el restablecimiento de un régimen democrático. Implica, por tanto, el cambio de un tipo de régimen político a otro. En la Ciencia Política, existe un campo específico de estudio denominado “teorías de las transiciones a la democracia”, que se ocupa de ello. Como se resume en el Diccionario Electoral del Instituto Nacional de Estudios Políticos de México (INEP):

Transición es un intervalo que se extiende de un régimen político a otro. La transición democrática comprende desde el inicio de la disolución de un régimen autoritario hasta el establecimiento y consolidación de alguna forma de democracia. Supone la existencia de algún tipo de autoritarismo y la introducción de formas y experiencias propias de la democracia. 

En términos constitucionales, un gobierno de transición implica un preexistente quiebre del orden constitucional –como el ocurrido el 5 de abril de 1992– y busca restablecer el orden constitucional quebrantado. Por ello, un gobierno de transición es, por definición, excepcional y transitorio.

Gobierno de transición fue el de Valentín Paniagua, ya que se estableció luego del colapso del régimen autoritario de Alberto Fujimori, para reemplazarlo excepcional y transitoriamente, con el único propósito de restablecer el orden constitucional previamente violentado, por lo cual su misión fundamental era organizar unas elecciones incuestionables, que puedan dar inicio a un régimen democrático, con toda la legitimidad otorgada por el voto de los ciudadanos.

Por más grave que haya sido la crisis política originada por la perversa dinámica entre un poder ejecutivo presidido por un presidente ausente, frívolo, mentiroso y probablemente corrupto, y un poder legislativo dominado por una mayoría revanchista y obstruccionista –que devino en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski–; la asunción del mando presidencial por parte de Martín Vizcarra no implica ningún cambio de régimen político, ni el reemplazo de un régimen autoritario o de un gobierno constitucional previamente quebrado.

Por el contrario, Vizcarra asume el mando presidencial de la República en estricto respeto del orden democrático y constitucional, cumpliendo con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política sobre la sucesión presidencial, en caso ocurra la vacancia del cargo por renuncia o por cualquier otra causal señalada en el artículo 113 de la misma Norma Fundamental.

Y no asume el mando de manera transitoria o excepcional, sino para completar el periodo constitucional de gobierno, que concluye el 28 de julio de 2021. Proponer que el gobierno de Martín Vizcarra es uno de transición y que se debe recortar su mandato adelantando las elecciones, eso sí es inconstitucional y es una amenaza al orden democrático. Que algunos lo consideren por error o por ignorancia de las reglas de una democracia, se puede comprender; pero que se proponga pretendiendo un aprovechamiento político denota no solo oportunismo, sino una vocación claramente antirrepublicana.